Introducción a De bello de Domingo Báñez

Es ya un tópico afirmar el carácter intrínsecamente violento de toda religión, especialmente la monoteísta, que se arroga para sí la exclusividad de la verdad. No es este el lugar oportuno para plantear un estudio comparativo del tratamiento de la guerra en el mundo pagano y en el mundo cristiano, o la comparación de la doctrina de la guerra en las diversas religiones.

En todo caso, en el siglo XXI no son pocas las voces que se han levantado, incluso dentro de la Iglesia católica, pidiendo la supresión o al menos la revisión del concepto equívoco de guerra justa¹. El motivo de esta reclamación es que bajo ese calificativo se han justificado en el pasado guerras que han causado millones de muertos, sufrimiento, odio y pobreza. Así pues, el mal de la guerra nunca estaría justificado. Esta actitud es comprensible contemplando el escenario de Europa y del mundo a lo largo del último siglo, donde el poder destructor de las armas se ha multiplicado y los males de la guerra no han alcanzado el fin deseado: la paz; o cuando esta se consigue suele ser bastante frágil y poco duradera.

El Catecismo para párrocos de san Pío V, publicado en 1566 en aplicación de las doctrinas de Trento, afirma: “Tampoco pecan […] los que matan a los enemigos en guerra justa, no de pasión ni crueldad; sino poniendo la mira solamente en el bien público. De esta condición son también las muertes, que se hacen por orden expresa de Dios”². Como se puede observar el catecismo tridentino ni siquiera detalla las condiciones de la guerra justa, y se justifica la guerra decretada por Dios, sin más explicaciones, fuera de la voluntad divina. Esto da idea de los amplios márgenes en los que se movía entonces la idea de la guerra justa dentro del magisterio de la Iglesia.

En la actualidad, el Catecismo de la Iglesia Católica, después de hablar de la obligación que todo hombre tiene de ser constructor de paz, trata de la guerra en los siguientes términos: “El quinto mandamiento condena la destrucción voluntaria de la vida humana. A causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra, la Iglesia insta constantemente a todos a orar y actuar para que la Bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra (cf. Gaudium et spes, 81)”³. Así pues, la guerra, toda guerra, se presenta como un mal que debe evitarse. Se reconoce, no obstante, en el momento actual y como último recurso la guerra defensiva: “mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa”⁴.

A continuación, el Catecismo establece las condiciones que han de observarse en la guerra defensiva: “Se han de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza militar. La gravedad de semejante decisión somete a esta a condiciones rigurosas de legitimidad moral. Es preciso a la vez:

− Que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto.

− Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces.

− Que se reúnan las condiciones serias de éxito. − Que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición”⁵.

El Catecismo, en ese mismo número, reconoce las fuentes escolásticas de esta doctrina, cristalizada a lo largo de los siglos⁶. El problema de toda esta doctrina es su aplicabilidad concreta en unas circunstancias inciertas, donde la opacidad de los Estados, obstaculiza o impide la toma de decisiones prudenciales. De esta manera, las decisiones de los gobernantes entrañan una grave responsabilidad moral: “La apreciación de estas condiciones de legitimidad moral pertenece al juicio prudente de quienes están a cargo del bien común”⁷.

Por consiguiente, el ejercicio de la vida militar no es en sí misma ilícita, pues se justifica el empleo de la fuerza militar como legítima defensa⁸. También los gobernantes encargados del bien común deben reconocer la objeción de conciencia: “Los poderes públicos atenderán equitativamente al caso de quienes, por motivos de conciencia, rehúsan el empleo de las armas; éstos siguen obligados a servir de otra forma a la comunidad humana (cf. Gaudium et spes, 79)”⁹.

También el Catecismo trata del derecho en la guerra: una vez comenzado el conflicto bélico también se han de guardar ciertas reglas¹⁰. Concretamente, “es preciso respetar y tratar con humanidad a los no combatientes, a los soldados heridos y a los prisioneros”¹¹. En este punto el Catecismo no tiene inconveniente en invocar el derecho de gentes, una creación original de Vitoria y su Escuela¹². En todo caso, no cabe una dejación de conciencia con la razón de cumplir órdenes, que sin son injustas deben desobedecerse: “Una obediencia ciega no basta para excusar a los que se someten a ella. Así, el exterminio de un pueblo, de una nación o de una minoría étnica debe ser condenado como un pecado mortal. Existe la obligación moral de desobedecer aquellas decisiones que ordenan genocidios”¹³. Finalmente, el Catecismo apela a la conciencia para respetar la vida de los inocentes, lo que en la práctica equivale a respetar los objetivos civiles. Recogiendo palabras del Vaticano II se afirma: “Toda acción bélica que tiende indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de amplias regiones con sus habitantes, es un crimen contra Dios y contra el hombre mismo, que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones (Gaudium et spes, 80)”¹⁴.

Es preciso reconocer que los tratados escolásticos sobre la guerra justa se hallan todavía lejos de este ideal. Es cierto que las guerras en aquel entonces no presentaban las cotas de crueldad y destrucción de vidas humanas que se alcanzaron en el siglo XX. Al examinar los tratados escolásticos sobre la guerra se tiene la impresión de encontrarse frente a elaboraciones teóricas que pudieron legitimar acciones bélicas beneficiosas a los intereses del Imperio español. De una parte, la idea de guerra de religión es desechada desde Vitoria: imponer la fe no es motivo suficiente para declarar una guerra, como ya dejó claro en su Relectio de indiis, relección que Báñez asume sin grandes vacilaciones en su comentario (Summa Theologiae, II-II, q. 10). No obstante, la justificación de la intervención bélica de Felipe II en los Países Bajos, Francia o Portugal, se plantea en términos de defensa de la verdadera fe católica, aunque de hecho se entrecruzaban también móviles políticos.

En todo caso, hay un hecho significativo a destacar: en el momento en el que España es el centro intelectual de Europa y el poder colonial dominante proliferan en la Península gran cantidad de tratados morales y jurídicos sobre la guerra¹⁵. Todo parece indicar que España es la primera que cuestiona sus propias conquistas, o al menos, siente la obligación moral de justificarlas¹⁶. Y, en efecto, la disputa entre Las Casas y Sepúlveda acerca de la moralidad de los títulos de conquista manifiesta una reflexión abierta a la discusión sobre la justificación de la guerra. Es cierto que la escolástica postridentina española se movió en una línea bastante homogénea en la dirección fijada por los intereses de la monarquía de Felipe II, quien como defensor de la fe, recibió un amplio respaldo moral del estamento eclesiástico y universitario¹⁷. Pero no es menos cierto que hay un notable esfuerzo especulativo para fundamentar una doctrina de la guerra justa coherente con el cristianismo.

Sería conveniente leer estos tratados escolásticos como un paso –ciertamente decisivo, pero todavía insuficiente– en el proceso de humanización de la guerra. De hecho, la moral cristiana –concretamente la caridad– juega un papel de primer orden en la humanización de la guerra. Lejos de sostener argumentos basados en la ley del más fuerte, Báñez presenta la guerra como un mal no deseable que solo en casos extremos debería admitirse, y siempre con la garantía de que no se falta a la justicia, ni a la caridad. Citaremos algunos puntos en los que se aprecia un avance en el proceso de humanización de la guerra.

− La guerra tiene por fin la consecución de la paz y a este fin se deben encaminar las acciones bélicas. Para que la guerra sea lícita debe ser un recurso último y extremo, si no hubiera otro medio para salvaguardar la paz, puesto que la guerra provoca gran cantidad de muertes y daños materiales. Por eso, las pequeñas injurias no deben ser castigadas para evitar una guerra que conllevaría males mayores.

− La guerra es una ampliación al derecho de la legítima defensa que tiene toda persona. Todo pueblo que es atacado desde el exterior puede defenderse con las medidas proporcionadas a esa agresión exterior. Negar ese derecho a la persona o a toda una república sería también gravoso para el bien común.

− La guerra solo puede ser declarada lícitamente por la autoridad competente y no por una persona privada, con vistas a evitar conflictos y represalias de diversos príncipes entre sí. Un estado de guerra de unos contra otros no es deseable ni viable: solo el príncipe de una república perfecta es competente para declarar la guerra.

− Antes de declarar la guerra es preciso que el príncipe soberano examine las causas justas de la guerra; para esto debe aconsejarse de aquellos peritos y entendidos competentes, aunque la decisión final pertenece al príncipe. Como un juez que dicta veredicto en una causa judicial, la culpabilidad del reo debe ser clara, pues los daños graves que conlleva una guerra no pueden causarse con motivos dudosos.

− Antes de comenzar una guerra se deben enviar legados, escuchar las razones de la parte contraria, pues también “ellos son prójimos y estamos obligados a amarles” (art. 1, duda 5ª). Incluso habría que recurrir al arbitraje de jueces imparciales (aquí reside la dificultad mayor): en el caso de que la otra parte se niegue al arbitraje, puede declararse la guerra lícitamente.

− En el curso de la guerra no se puede quitar directamente la vida a personas inocentes. Se entiende por inocentes a aquellos que no pueden tomar las armas: es decir, por derecho natural, los niños, los ancianos y las mujeres; por derecho divino, los monjes, los peregrinos, etc. Y se condena también la práctica, presente en algunas civilizaciones, de matar a niños inocentes en previsión de que en el futuro querrán vengarse de sus enemigos. La guerra es un acto de justicia punitiva, y sólo se puede castigar a quien, de un modo u otro, sea culpable de haber procurado la injusticia. En definitiva, hay obligación de causar “el mínimo daño posible a los inocentes, a los que hay que amar” (art. 1, duda 11ª).

− La guerra (fuera del caso de la guerra defensiva contra el injusto agresor) es un acto de justicia vindicativa que debe buscar la reparación y restitución del daño causado. En esa reparación debe darse la debida medida y proporcionalidad entre el daño causado y el daño exigido. Recordemos que el precepto de la ley del talión (“ojo por ojo, diente por diente”) ya suponía un principio de humanización de la guerra en orden a la aplicación de la justicia conmutativa: no se podía aniquilar al enemigo, sino castigarle en la justa medida y exigirle la reparación oportuna.

− La guerra no puede declararse por motivos religiosos para imponer la propia fe a los paganos, como ya Vitoria enunció, y con él, toda la Escuela de Salamanca. De este modo se desactivaban, al menos en la teoría, las guerras de religión en el Nuevo Mundo. En Europa la situación fue mucho más compleja, pues, de hecho, romper la unidad religiosa implicaba romper la unidad política del Imperio, y en ese caso, el Soberano se investía del derecho de imponer por la fuerza el orden y la justicia.

Todas las disquisiciones escolásticas pueden parecernos ahora artificiosas, y, sobre todo, difíciles de llevar a la práctica en las circunstancias actuales. Sin embargo, esos principios supusieron intentos sinceros de evitar la guerra, o al menos, de humanizarla, para evitar los odios fratricidas o las venganzas fuera de control. La religión, especialmente la cristiana, se presentaba como una poderosa fuerza de pacificación.