Introducción a De bello de Domingo Báñez

Domingo Báñez y los teólogos postridentinos tenían clara, sobre el papel, la distinción entre el poder temporal y el espiritual. Al rey le correspondía mantener el orden y la paz del pueblo, mientras que el Papado velaba por el bien espiritual de los bautizados. Sin embargo, a la hora de la verdad, las soluciones prácticas tendían a desdibujar la diferenciación de los dos poderes.

Una concepción medieval del Imperio –tal como se manifiesta en la teoría política de Dante– postulaba el ideal de una unidad política de todo el género humano regida por un único poder terrenal. La pax universalis exige la existencia de un único gobernante supremo para las cosas temporales, al frente de un único Estado con una serie de poderes subordinados para delegar el gobierno del orbe. En esta visión, se reconoce la mayor excelencia del poder pontificio con respecto al poder del emperador, pero ambos proceden directamente de Dios. El papa es la autoridad suprema en el orden espiritual, pero no en el orden temporal.

Vitoria ahonda en las teorías medievales: ambos poderes se encuentran en órdenes distintos que se fundan en la distinción entre naturaleza y gracia¹. No obstante, la unidad y defensa de la fe entre los hombres podría dar origen a una monarquía especial, un gobierno común bajo un monarca cristiano². Más allá de la comunidad de fe, existe un principio universal común a todo el orbe: la naturaleza humana, gracias a la cual sería posible postular un gobierno universal del orbe. De este modo se podría garantizar mejor la paz por encima de los intereses particulares. Y así como en un principio los hombres según el derecho natural pudieron elegir un monarca universal antes de la división en naciones, ahora también persiste el derecho de establecer ese gobierno universal³. Sin embargo, nadie por naturaleza es señor de todo el orbe, pues el dominio y el gobierno concretos han sido introducidos por derecho humano y no por derecho natural: ninguna nación ni persona determinada puede arrogarse el derecho de dominio sobre todo el orbe. El único poder universal es el de Cristo, pero se trata del gobierno divino, no del temporal. Además, no consta en ningún lugar de las Escrituras que Jesucristo confiriera ese poder universal al emperador⁴. Para Vitoria el poder político tiene su origen en Dios, pero se determina históricamente por el consentimiento libre de la comunidad: el pueblo es la causa inmediata del poder. Vitoria reconoce que ese gobierno universal no podrá advenir de modo instantáneo, pues es posible que la mayoría de los ciudadanos no lo acepte. Por ello propone un paso intermedio: mientras no se efectúe la unión política del orbe y en orden a preservar los derechos de todos los pueblos y hombres, los dirigentes de las diversas comunidades políticas deben reunirse y garantizar el derecho de gentes⁵.

Por su parte, Domingo de Soto se muestra contrario al dominio universal del emperador, sobre el que se había basado el título legítimo de conquista del Nuevo Mundo⁶. Soto afirma con Vitoria que no hay un señor universal por naturaleza; tampoco ha existido una asamblea mundial que diera su consentimiento a un gobierno universal, pues ni siquiera se ha llegado a reunir nunca una décima parte del género humano. Y aunque fuera posible constituir tal asamblea pública universal, el mismo derecho natural muestra que no sería conveniente la elección de un único monarca para todo el mundo⁷. Soto se pregunta si el emperador podría aspirar a un poder universal, de modo análogo a como sucede en la Iglesia. El Segoviense responde que tal gobierno universal no deriva del derecho natural, ni del mismo Cristo. Sin embargo, admite que el emperador puede actuar como defensor de la fe y convocar a los príncipes cristianos para proteger la fe frente a los enemigos de la Cristiandad⁸. Se aprecia así una evolución frente al pensamiento político medieval pero no una total ruptura. Se avanza en la separación de poderes, pero el poder temporal no se desentiende del bien espiritual de los súbditos y puede defender la fe incluso con las armas.

Las ideas de Soto son continuadas sustancialmente por Báñez. En su comentario al De Fide, Spe et Charitate, se plantea si es posible y conveniente que haya una sola autoridad suprema para todas las naciones. Báñez se muestra contrario a esta posibilidad: “En el orden natural no puede haber un rey supremo, que gobierne en los asuntos temporales a todos los otros príncipes y reyes de la tierra. Es mejor que el mundo esté gobernado por muchos príncipes temporales, que gobiernen de modo directo y por sí mismos sus respectivos territorios. Lo contrario ocurre en el orden espiritual, en el que Dios ha querido que haya un solo príncipe en todo el orbe de la tierra, para mostrar claramente que este gobierno o reino espiritual es de otro orden distinto, es decir, de orden sobrenatural”⁹.

En el De iure et iustitia, publicado diez años después, Báñez sigue la doctrina tradicional que negaba al papa todo dominio temporal directo sobre el orbe, manteniendo la distinción de dos tipos de jurisdicción: una directa y otra indirecta. Báñez niega que Jesucristo poseyera dominio universal en orden al fin temporal, y por eso no pudo legar tal facultad a sus representantes en la tierra. Si la cabeza de la Iglesia fuera el Soberano del mundo, tendría facultad para dar leyes civiles a la humanidad entera, y podría abrogar a su voluntad las disposiciones de los demás príncipes; pero tal cosa es falsa y a la vez contraria al común sentir de los pueblos. Báñez admite que el Vicario de Cristo puede ejercer un poder temporal directo sobre los bienes materiales que los reyes cristianos donaron a la Iglesia; en los restantes casos “el Sumo Pontífice solamente tiene dominio temporal instrumental e indirecto sobre todo el orbe, es decir, en orden al fin espiritual”¹⁰. Al papa, como representante de Cristo en la tierra, se le confirió la potestad espiritual, otorgándosele también con ésta –y por ser necesaria para la realización de la misma– una facultad temporal “instrumental” e “indirecta” sobre el orbe. Los que atribuyen al Romano Pontífice dominio material formal y directo en el universo, sólo consiguen hacer odioso el papa a los reyes fieles e infieles del mundo. El Vicario de Cristo sólo podrá dictar leyes sobre cosas temporales y abrogar los preceptos civiles solo cuando sea imprescindible para el bien espiritual de la Iglesia y de sus fieles.

En este contexto de separación entre el gobierno temporal y espiritual es donde hay que situar la negativa de Báñez a proponer el ideal de un gobierno universal. La tesis que propugnaba la total jurisdicción del emperador sobre el mundo motivó la Junta de Valladolid. El Mondragoniense se sumará a la idea anticesarista de Las Casas; recordará que a cada república le compete designar a sus propios gobernadores y que no es posible que el orbe se reúna para proceder a la elección de un Soberano común. Además, tampoco sería conveniente para la buena marcha de los pueblos, pues como dice Aristóteles, un Estado no es mejor cuando es mayor, sino que debe estar constituido de tal forma que un solo príncipe pueda gobernarlo cómoda y útilmente¹¹.

La argumentación bañeciana sigue a Soto: si el emperador gozara de autoridad universal, ésta le pertenecería en virtud de concesión del Derecho natural, del Derecho divino o del Derecho civil. En cuanto al primero, es claro que no otorga ninguna facultad al Soberano, porque de conformidad al mismo los hombres nacen libres, no habiendo más jurisdicción posible que la que del marido y el padre ejercen sobre la mujer y los hijos. Tampoco las leyes divinas atribuyen al príncipe supremo tal autoridad, pues de ser así, se encontraría el oportuno testimonio en las Sagradas Escrituras. Tampoco las normas humanas pueden otorgar la potestad universal del Soberano, pues no existe precepto alguno que haga del emperador el verdadero dueño del orbe; y aunque se diera esa disposición carecería de fuerza obligatoria, ya que necesariamente tendría que haber sido promulgada por el propio emperador, el cual con anterioridad a esta regla no disponía aún de jurisdicción para dictar leyes¹².

Así pues, si Felipe II deseó en algún momento la creación de una monarquía católica universal, no encontraron en Soto ni en Báñez la base especulativa para su propósito. Sin embargo, Báñez reconoce que el rey de España goza de una cierta superioridad sobre los príncipes cristianos, y en cuanto protector de la Iglesia, puede convocar a los príncipes cristianos contra sus enemigos¹³. Lógicamente esta no era una hipótesis abstracta, sino que constituía una cuestión de enorme actualidad entonces. Los principios teóricos de la doctrina bañeciana seguían apostando por la separación entre el poder temporal y el espiritual, pero en la práctica justificaba la fuerza de las armas del emperador para defender la fe¹⁴. De este modo, la política bélica de Felipe II venía avalada con el título legítimo de guerra defensiva (de la fe). Y este título se invocará también en las guerras ofensivas que la monarquía católica libró en diversos escenarios, siempre en defensa de la fe.

Por otro lado, el apoyo incondicional al proyecto del monarca español explicará el desafecto de la escolástica española de entonces por el poder temporal del papa. Es evidente que para los escolásticos españoles el Sumo Pontífice detenta el poder espiritual directo para todo el orbe, pero en lo referente a los asuntos temporales su poder es indirecto e instrumental. Por esta razón, en cuanto poder temporal, también los estados pontificios están sujetos a las reglas de los demás estados nacionales. De este modo, cuando Melchor Cano sea preguntado sobre la licitud de la guerra contra Paulo IV, no tiene inconveniente en legitimar esa intervención, precisamente para preservar la fe¹⁵. Más adelante, cuando Felipe II consulte a los teólogos si el papa es árbitro adecuado para dirimir la sucesión del rey de Portugal, la respuesta tiende a ser contraria¹⁶. Se suele reconocer al Romano Pontífice un cierto derecho de intervención para velar por el bien común de la Cristiandad, pero se pueden seguir grandes peligros si se hiciera valer su derecho al arbitraje (por ejemplo, odio a la Santa Sede, peligro de cisma o guerra contra el Pontífice).

Báñez no trata en su comentario directamente el tema del arbitraje papal para la solución de conflictos, aunque es posible que también él emitiera su parecer cuando Felipe II lo solicitó a la Universidad de Salamanca a propósito de Portugal. Como otros escolásticos contemporáneos, como Suárez, parece reconocerse al papa el derecho a intervenir en los asuntos temporales para el bien común de la Iglesia, pero en la práctica se cuestiona al estar cierto que su sentencia no será imparcial.

El Mondragoniense tratará de manera más expresa algunas consecuencias que se derivan del poder temporal del papado. En cuanto príncipe temporal el papa, sus súbditos y sus bienes, están sujetos a las mismas condiciones bélicas que los demás príncipes. Así, por ejemplo, en el artículo 2, Báñez afirma que en caso de extrema necesidad el clérigo puede pelear cuando tiene poder temporal, al menos en una guerra defensiva (duda 3ª). Por lo demás, es lícito tomar o destruir bienes de la Iglesia siempre que no se busque directamente ese daño; incluso es lícito llevar a cabo acciones bélicas que traigan como resultado la destrucción de bienes espirituales (combustión de la Eucaristía). De esta manera también los soldados durante la batalla pueden destruir bienes de la Iglesia (conventos, monasterios, iglesias) y quitar la vida a los clérigos enemigos, si no hubiera otro medio para obtener la victoria (duda 6ª).

En definitiva, el contexto histórico tiende a desdibujar la distinción del plano temporal y el espiritual. Por un lado, el monarca puede tomar las armas para defender la fe, incluso contra el papa. Por otro lado, el Romano Pontífice puede intervenir en las guerras para defender sus intereses (¿temporales?, ¿espirituales). La distinción de ámbitos resulta todavía hoy un asunto que presenta, en la práctica, sus aristas; pero qué duda cabe que descargar al monarca católico de la obligación de defender la fe con las armas, y de privar de todo poder temporal al papado ha supuesto un gran paso adelante para deslindar los ámbitos de los dos poderes.