Introducción a De bello de Domingo Báñez

Entrando ahora más en detalle a la doctrina de la guerra y su licitud, vamos a valorar la posible actualidad de la doctrina bañeciana. El Mondragoniense glosa las tres condiciones que Tomás de Aquino y Vitoria reconocen para que una guerra sea lícita desde el punto de vista moral: que sea declarada por la autoridad suprema o príncipe soberano; que se trate de una guerra justa; y que se haga con rectitud de intención. Se observa así que la guerra excede el ámbito de la justicia, aunque la incluya. En esta cuestión, por tanto, se trata de dirimir cuándo una guerra es lícita según el mandamiento de la caridad, esto es: hasta qué punto una guerra respeta el mandato divino de “no matarás”.

En la duda 1ª del artículo 1 de la cuestión 40, Báñez se pregunta si es lícita la guerra entre cristianos. Por su parte, Vitoria comienza su relección sobre la guerra con otra pregunta distinta: ¿es lícito a los cristianos hacer la guerra?¹. Se podría apreciar en esta pregunta una evolución: mientras que Vitoria se pregunta si un cristiano puede tomar las armas, Báñez se cuestiona si es lícita la guerra de un cristiano contra otro cristiano. Parece que la cuestión acerca de la licitud de tomar las armas sea un asunto ya clarificado. No obstante, en el desarrollo de esta cuestión implícitamente Báñez se plantea la licitud de la acción bélica en sí misma. Su respuesta –siguiendo a Vitoria– es inequívoca: siendo la guerra un mal, no es esencial ni intrínsecamente mala, si se observan las justas condiciones, puesto que el fin de la guerra es bueno: obtener la paz (duda 1ª, 1ª concl.). En otros términos, la guerra es mala, pero de modo indirecto (per accidens) puede traer beneficios (principalmente la paz). De esta manera se opone al pacifismo a ultranza propugnado por Lutero que censuraba toda guerra incluso contra los turcos. Ciertamente Báñez tampoco apuesta por un burdo belicismo: la guerra trae consigo grandes males, y por eso debe ser un último recurso para restaurar la justicia. El fundamento de esta licitud se halla en la ley natural: toda persona privada tiene derecho a defender su vida poniendo todos los medios a su alcance para preservar el mayor bien natural; y también los pueblos tienen esa misma capacidad (incluso obligatoriedad) de defenderse con los medios apropiados y proporcionales. De este modo, las guerras defensivas no plantean, en principio, ningún problema moral. Incluso humanistas como Erasmo o Moro, de planteamientos antibelicistas, reconocen la legitimidad de ese derecho de los pueblos a la defensa propia².

La cuestión se hace más compleja cuando se trata de declarar una guerra ofensiva. El caso más claro –y todavía actual– es salvaguardar las vidas de personas inocentes: no cabe una actitud pasiva ante esa grave injusticia de la que pueden derivarse muchas muertes de seres inocentes. Báñez habla de aquellos pueblos bárbaros que ofrecen sacrificios humanos y comen carne humana: es lícito entonces, incluso sin advertencia previa, declarar la guerra a esos pueblos (q. 10, a. 10)³. También Báñez, con los demás escolásticos, reconoce la legitimidad de la guerra que se hace para defender a los amigos o socios, pues un amigo es como otro yo (art. 1, duda 4ª). Pasemos ya a determinar las condiciones de la guerra lícita.

Según este principio la guerra puede ser declarada por quien represente legítimamente la república (art. 1, duda 2ª). Para determinar quién, en concreto, puede declarar la guerra, el maestro salmantino distingue entre la república perfecta (aquella que tiene soberanía perfecta en su territorio, esto es, que no depende de un superior) y la república imperfecta (la que no tiene soberanía plena: por ejemplo, un duque con respecto al emperador). En una guerra defensiva, incluso el príncipe de una república imperfecta puede declarar la guerra, como cualquier persona privada tiene derecho a defenderse ante una agresión injusta.

Para iniciar una guerra agresiva u ofensiva solo el príncipe perfecto es competente para declarar la guerra. También el príncipe imperfecto podría declarar la guerra, pero siempre con la autorización del superior. En este sentido, el príncipe de la república imperfecta se sitúa a medio camino entre la persona privada y el soberano o príncipe de república perfecta.

Así pues, toda república perfecta puede declarar guerra ofensiva para reparar una injusticia recibida (daños materiales o privación de un territorio propio, por ejemplo). Se trata, por tanto, de un caso de justicia vindicativa: la necesidad de restaurar la justicia lesionada. El príncipe soberano se comporta en este caso como un juez con respecto al príncipe que ha cometido la injusticia. La manera de reparar la injusticia es mediante la debida restitución, la cual cuenta también con sus condiciones. Así, por ejemplo, el saqueo sin la autorización del príncipe no está permitido; y los soldados deben restituir los daños causados. También, quien declara la guerra sin autorización del príncipe infringe además un daño a la propia república que reclama también restitución (art. 1, duda 4ª). Como veremos, la obligación de restituir se encuentra muy presente en el comentario bañeciano, como manifestación de que nos encontramos ante un caso de aplicación de la justicia vindicativa.

Es la condición esencial para declarar lícitamente la guerra: que haya un motivo justo, pero también proporcionado. Puesto que la guerra acarrea tantos males no es lícito declararla por motivos leves, aunque sean justos (art. 1, duda 4ª). Báñez no lo afirma taxativamente, pero en la deliberación previa acerca de la declaración de la guerra, ha de tenerse en cuenta la evaluación de los daños, pues si estos son mayores que los bienes, no sería lícita la declaración de guerra¹. No obstante, Báñez, justifica la guerra cuando siendo leve la injuria se crea un precedente para injusticias más graves: por ejemplo, si una república se anexiona un territorio pequeño de otra república, el príncipe injuriado puede declarar la guerra pues de no quedar castigada esta injuria se daría pie a injusticias ulteriores más graves (duda 4ª)².

Como el príncipe injuriado se comporta como juez que dicta sentencia contra el príncipe agresor, debe seguirse el procedimiento judicial. El primer paso es examinar por sí mismo o por un Consejo designado para tal efecto las causas del conflicto (art. 1, duda 5ª). El príncipe (juez de esta causa) debe oír los argumentos de la otra parte litigante antes de dictar la sentencia (segundo paso)³, pues la parte contraria son también prójimos y estamos obligados a amarles (duda 5ª, concl. 1ª). Para Báñez, declarar la guerra es equivalente a dictar sentencia condenatoria por parte del juez. Por eso, la responsabilidad de examinar las causas de la guerra es grande, pues grandes son los males que se pueden inferir a la república propia y ajena: tiene obligación el príncipe de examinar las causas y buscar consejo; pero puede designar los consejeros que él mismo haya designado.

En todo caso, los motivos para declarar la guerra deben ser más claros que la luz del sol (duda 5ª, concl. 1ª). Sin embargo, después de examinar la cuestión puede permanecer la duda acerca de la justicia de la guerra. Como en cualquier acto moral, no está permitido al príncipe obrar con conciencia dudosa; y siendo la otra parte la actual poseedora del bien en litigio no le es lícito arrebatársela por la fuerza. En todo caso, un principio reconocido por todos los escolásticos es que no puede haber objetivamente una causa justa de guerra por ambas partes; subjetivamente se puede estar en una ignorancia inculpable. En el caso de que persista la duda y un príncipe es despojado de un bien, este príncipe tiene derecho a litigar para recuperarlo (duda 5ª, 2ª concl.). De todas formas para salir de la duda, una vez examinada las causas de cada parte, se puede solicitar la designación de jueces árbitros que examinen la causa: en el caso de que el poseedor del bien en litigio se niegue a dicho arbitraje, el príncipe injuriado puede declararle la guerra⁴.

Báñez contempla también otro caso: que la duda permanezca después del examen atento de las causas, pero donde no haya un legítimo poseedor. Si los argumentos de unos y otros son de peso igual se podría proceder a la división a partes iguales del bien en litigio; o si hay argumentos de más peso en una que en otra parte se puede distribuir proporcionalmente el bien disputado, siguiendo los principios de la justicia distributiva. En este caso, el príncipe puede reclamar al otro príncipe la parte proporcional correspondiente; y si la otra parte se niega a esa división, el príncipe puede declararle la guerra (duda 5ª, 3ª concl.). Se trata de una aportación original de Báñez al problema, aunque quizás de difícil aplicación en la práctica⁵. Regout destaca la novedad de Bañez cuando combina la justicia vindicativa y la distributiva: “los principios del derecho civil y la justicia distributiva se aplican en la primera fase donde se trata de buscar e indicar cuál es el derecho o territorio en disputa; el derecho penal y la justicia vindicativa constituyen la segunda fase, es decir, la ejecución del derecho en adelante cierto contra la oposición culpable del adversario”⁶. Suárez, cuya doctrina de la guerra es muy semejante a la de Báñez, difiere de esta solución. Para él, la mayor probabilidad legitima al príncipe a reclamar todo el bien en litigio⁷. De esta manera, Suárez da pie al probabilismo frecuentemente criticado⁸. Por su parte, Gabriel Vázquez critica toda la doctrina sobre las causas dudosas⁹.

Para que la guerra sea lícita, la ejecución de la sentencia (tercer paso) debe ser también ajustada a derecho. Así, se pregunta Báñez, si para hacer guerra justa es lícito pedir ayuda a infieles (art. 1, duda 3ª). La respuesta es que en sí mismo es algo lícito (así como se utilizan instrumentos y animales en la guerra), pero la mayor parte de las veces per accidens, lleva consigo grandes peligros y males. Cita expresamente el caso del rey Francisco I de Francia que en 1535 pidió ayuda a los turcos para pelear contra el rey español, provocando gran escándalo en la Cristiandad¹⁰. Al mismo tiempo, se ha de observar el principio de proporcionalidad adecuada a la justicia vindicativa (art. 1, duda 10ª). Si se trata de una guerra defensiva la proporcionalidad llevará a usar de la fuerza solo hasta repeler la agresión; si se trata de una guerra ofensiva, el uso de la fuerza se debe limitar a lo necesario para obtener la paz y satisfacer los daños inferidos. Del mismo modo, no es lícito quitar directamente la vida a seres inocentes, aunque de manera indirecta puede ser lícito con vistas a conseguir la victoria (y la paz)¹¹. Sí es lícito privar a los inocentes de diversos bienes, expropiarles o llevarlos en cautividad para resarcir los daños de la guerra; pero la vida no se les puede arrebatar nunca, pues ninguna república es dueña de la vida (art. 1, duda 11ª). Tampoco se puede reducir a servidumbre a seres inocentes ni a los niños (art. 1, duda 12ª). El saqueo puede ser lícito con la autorización del príncipe para pagar a los soldados; pero estos no pueden sustraer más de lo establecido por el príncipe (art. 1, duda 12ª). Báñez también dedica bastante atención a la obligación de restituir en caso de guerra injusta por ignorancia culpable o cuando se ha hecho la guerra sin la autorización del príncipe soberano (art. 1, duda 7ª). Finalmente, también en la guerra es preciso cumplir las promesas hechas al enemigo y no engañarle de palabra (art. 4, duda 1ª) aunque sea lícito usar estratagemas para derrotarlo (art. 4, duda 2ª).

Para que la guerra sea lícita desde el punto de vista moral, concretamente de acuerdo con la caridad, la intención del príncipe ha de ser recta (art. 1, duda 8ª). El fin de toda guerra debe ser la consecución de la paz. Esto significa que la guerra declarada por el príncipe puede ser justa, pero si le mueve el odio, el afán de venganza o la gloria humana, la guerra se convierte en un acto pecaminoso del príncipe, y de quien de algún modo haya tomado decisiones con esa intención no recta. El príncipe que ha actuado sin rectitud de intención no tiene obligación de reparar, pues no ha obrado contra la justicia, sino contra la caridad. Sin embargo, si de esa guerra se siguen daños para la propia república sí está obligado a reparar pues ha habido una falta contra la justicia hacia la propia república (art. 1, duda 9ª).

Báñez no abunda más en esta idea, que básicamente coincide con la de los demás escolásticos de su tiempo. Cabría entonces preguntarse si es lícito comenzar una guerra en la que se sabe desde el principio que no se ganará. O, como se formulará más adelante: una guerra se declara cuando hay una posibilidad real de victoria, pues de otro modo se consentiría en el derramamiento de sangre de muchos inocentes, así como el daño de incontables bienes materiales. ¿Es lícita la guerra cuando la intención deseada –la paz– no se conseguirá de ningún modo? Nuestro autor no contempla explícitamente esta cuestión y se limita a indicar que para la licitud de la guerra la intención no puede ser otra que la consecución de la paz.

En conclusión, Báñez y los escolásticos de su época proponen unas condiciones para la guerra lícita que podrían considerase utópicas tomadas en conjunto, es decir, que se den todas las condiciones: la realización concreta de este ideal aparece muy cuestionable en la práctica. ¿Cuándo una causa es cierta o dudosa? ¿Para quién? ¿Puede el príncipe declarar una guerra solo con la certeza subjetiva, o con una alta probabilidad de ser justa? ¿Quién puede ser árbitro verdaderamente imparcial? ¿Cómo evitar los excesos de los saqueos? Todas estas preguntas pueden echar por tierra toda una construcción teórica sobre la guerra justa. En todo caso, no hay que despreciar como inútil todo intento de establecer parámetros justos de un conflicto bélico.

De manera explícita, Bañez no menciona un requisito que ya entonces comenzaba a difundirse entre los escolásticos: que el bien que se desee conseguir con la guerra sea mayor que los males que el conflicto armado puede acarrear. De todas formas, el Mondragoniense no parece desconocer del todo este principio. Cuando habla de la muerte de inocentes apunta: “Se ha de considerar hacerca de esto que, si en alguna ciudadela hubiera muchos inocentes y pocos culpables, entonces no sería lícito destruir la ciudadela, porque es mayor el mal que se produce que el bien que se pretende” (art. 1, duda 11ª). Se puede apreciar cómo la doctrina sobre la guerra justa no es un esquema rígido sino que se va enriqueciendo con la experiencia y aportaciones de los diversos autores escolásticos.